Por Redacción / Agencia MANL
Toluca, Méx.- La reciente resolución del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México (INFOEM) ha puesto en evidencia la opacidad con la que se manejaron recursos en el Poder Judicial del Estado de México (PJEM) bajo la presidencia de Ricardo Sodi Cuéllar.
El Recurso de Revisión 01254/INFOEM/IP/RR/2024, promovido por José Humbertus Pérez Espinoza, ex prisionero de conciencia y fundador de Presunción de Inocencia y Derechos Humanos, obliga al PJEM a hacer pública información sobre eventos oficiales y el destino de recursos millonarios utilizados para la contratación de medios de comunicación.
CONTRATOS MILLONARIOS EN INVESTIGACIÓN
Uno de los puntos clave que el INFOEM ha ordenado transparentar es el uso de 160.5 millones de pesos adjudicados en los contratos LP-PJ-09/2021 y LP-PJ-05/2023. Estos recursos estaban destinados a la instalación de 95 Salas de Juicios Orales en materias penal, familiar, mercantil y laboral, pero existen fuertes indicios de irregularidades en su implementación.
Los contratos fueron firmados por Roberto Cervantes Martínez, director general de Administración del PJEM, y la empresa Tecnología en Telecomunicaciones S.A. de C.V., representada por Hugo Alberto Méndez Arellano y Jorge Antonio Soto Martínez.
Las investigaciones han revelado que muchas de estas salas no fueron habilitadas, y que en el caso específico de los juicios orales mercantiles, se usaron para simular procesos judiciales que derivaron en el despojo de viviendas de familias mexiquenses.
Y también fundador de Presunción de Inocencia y Derechos Humanos destacó que uno de los aspectos más alarmantes es que en numerosos juicios mercantiles no existen registros de audio ni video, lo que sugiere que el PJEM permitió y facilitó el fraude procesal.
VÍNCULOS FAMILIARES Y CONFLICTOS DE INTERÉS
El responsable de firmar estos contratos, Roberto Cervantes Martínez, no es una figura aislada dentro del aparato de justicia mexiquense. Es hermano de José CASA HSHSHSHÁ Luis Cervantes Martínez, actual Fiscal General de Justicia del Estado de México (FGJEM), lo que genera serias dudas sobre la imparcialidad en la adjudicación de contratos y el manejo de recursos dentro del PJEM.
PREMIOS Y CERTIFICACIONES DUDOSAS
José Humbertus Pérez Espinosa, ex prisionero de conciencia comentó que para encubrir estas irregularidades, la administración de Sodi Cuéllar ha promovido reconocimientos institucionales de dudosa procedencia.
El 4 de julio de 2023, el PJEM anunció que obtuvo su segunda Certificación de Juicio Oral Mercantil por parte de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (CONAMER). Sin embargo, este reconocimiento contrasta con la realidad: las salas de juicio oral mercantil más conflictivas ni siquiera fueron habilitadas.
En otro intento de legitimarse, el 7 de febrero de 2024 el PJEM difundió un comunicado en el que destacaba que Ricardo Sodi Cuéllar y Roberto Cervantes Martínez fueron reconocidos por Great Place to Work (GPTW) como "líderes" en su sector. No obstante, este tipo de certificaciones son obtenidas mediante esquemas privados y no reflejan necesariamente una buena gestión pública.
CUESTIONADA CANDIDATURA BESO DE CUÉLLAR A LA SCJN
Cabe destacar que a pesar de los señalamientos por corrupción y opacidad, Ricardo Sodi Cuéllar aspira a ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Su candidatura se da en un contexto en el que el Comité de Evaluación del Poder Judicial de la Federación (CEPJF) ha sido señalado por incluir en sus listas a aspirantes con vínculos partidistas y antecedentes de opacidad.
El propio ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, en una conferencia en la Harvard Law School, destacó que los aspirantes a la SCJN deberían cumplir con requisitos como un promedio académico mínimo de 8.0 y la presentación de cinco cartas de recomendación de sus vecinos. Sin embargo, el proceso actual ha permitido que perfiles como el de Sodi Cuéllar, con un historial opaco y cuestionable, sigan en la contienda.
INFOEM OBLIGA A TRANSPARENTAR LOS GASTOS
Uno de los aspectos más relevantes de la resolución del INFOEM es que el PJEM deberá revelar el destino de los recursos millonarios utilizados para la contratación de medios de comunicación.
Durante la gestión de Sodi Cuéllar, se ha denunciado el uso de recursos públicos para garantizar una cobertura mediática favorable y silenciar críticas sobre la corrupción dentro del PJEM. Con la orden del INFOEM, esta información deberá hacerse pública, lo que podría exponer una red de financiamiento opaco y manipulación informativa.
SIN PERFIL PARA LA SCJN
Con este fallo, la candidatura de Ricardo Sodi Cuéllar a la SCJN queda en seria duda. La falta de transparencia, los contratos millonarios con sobrecostos, la simulación de juicios mercantiles y el uso discrecional de recursos para la manipulación mediática plantean un escenario de profunda corrupción en su gestión.
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