* Carlos Hugo Castro Vázquez afirma que fue detenido en tres ocasiones por delitos que, asegura, no pudo acreditar la autoridad; mantiene abiertas denuncias contra servidores públicos y reclama investigar presuntas irregularidades
**Por Redacción | Agencia MANL**
**Estado de México, 12 de agosto de 2026.**— Una denuncia que se arrastra desde 2013 pone nuevamente bajo cuestionamiento la actuación de servidores públicos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), luego de que Carlos Hugo Castro Vázquez acusara haber sido víctima de detenciones que considera arbitrarias, tortura, fabricación de delitos, robo, abuso de autoridad y una prolongada dilación en la investigación de las denuncias que posteriormente presentó.
Castro Vázquez sostiene que durante más de una década ha promovido diversas denuncias contra servidores públicos y que varias de las carpetas permanecen sin una resolución definitiva. Por ello exige que se investigue a los funcionarios que, según su versión, participaron en las irregularidades y reclama responsabilidades, reparación del daño y garantías de no repetición.
De acuerdo con su relato, en 2013 acudió al entonces Centro de Detención de San Agustín, en Ecatepec de Morelos, para solicitar información sobre un familiar detenido. Afirma que en ese lugar fue detenido por policías ministeriales y posteriormente trasladado al penal de Chiconautla, acusado de robo con violencia.
Según su versión, posteriormente obtuvo su libertad al no acreditarse que hubiera cometido ese delito. Sin embargo, asegura que al recuperar su libertad fue nuevamente detenido y acusado de secuestro, por lo que permaneció aproximadamente un año y ocho meses en el Centro de Readaptación Social de Otumba Tepachico, hasta obtener una resolución absolutoria.
El denunciante sostiene que, después de salir de ese penal, volvió a ser detenido por agentes ministeriales y trasladado nuevamente a Chiconautla, ahora acusado de extorsión. También afirma que fue liberado al no acreditarse el delito.
Castro Vázquez sostiene que la sucesión de acusaciones constituye un patrón de fabricación de delitos y cuestiona incluso la existencia y trazabilidad de algunas de las investigaciones que, afirma, fueron utilizadas para justificar las detenciones.
### Ocho carpetas bajo reclamo
Después de obtener su libertad, comenzó a presentar denuncias contra quienes señala como responsables de las acusaciones y de diversas irregularidades durante los procedimientos.
Entre los asuntos que refiere se encuentran investigaciones por presunto abuso de autoridad; robo y acusación falsa contra policías ministeriales; abuso de autoridad y robo de una credencial institucional, vehículo y pertenencias; así como denuncias contra servidores públicos de la Fiscalía Regional de Ecatepec.
También señala una carpeta relacionada con un presunto archivo temporal que, según su versión, habría retrasado la continuación de la investigación, además de otros expedientes en los que acusa inactividad ministerial.
Uno de los casos que menciona terminó en sobreseimiento después de varios años de inactividad. De acuerdo con su relato, una autoridad jurisdiccional determinó el sobreseimiento luego de que transcurrieran siete años sin que se impulsara adecuadamente la investigación.
En otro expediente, relacionado con policías ministeriales, refiere que hubo una resolución de no vinculación a proceso y que posteriormente presentó una apelación. Según su versión, aunque se confirmó la no vinculación, se ordenó continuar con la investigación para esclarecer los hechos.
También afirma que mantiene pendiente la resolución de un recurso relacionado con otra carpeta en la que un juez de control determinó la no vinculación a proceso.
### El contexto: organismos de derechos humanos han documentado fallas
Las acusaciones de Castro Vázquez se producen en un contexto en el que organismos de derechos humanos han señalado, en distintos casos, deficiencias relacionadas con la procuración de justicia en el Estado de México.
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM) emitió en 2025 la **Recomendación 5/2025 contra la Fiscalía General de Justicia del Estado de México**, por vulneraciones al derecho a la legalidad y seguridad jurídica, así como a la debida diligencia y al acceso a la justicia.
Meses después, la CODHEM emitió la **Recomendación 9/2025 también contra la FGJEM**, en la que acreditó vulneraciones al derecho a la debida diligencia y derechos relacionados con el acceso a la justicia, la verdad, la propia imagen y la intimidad.
En julio de 2026, la propia CODHEM informó que las autoridades responsables habían aceptado las recomendaciones emitidas durante 2025 que se encontraban pendientes, incluidas aquellas relacionadas con procuración de justicia y acceso a la justicia.
A nivel nacional, Human Rights Watch también ha documentado problemas estructurales relacionados con la eficacia de las fiscalías, tortura y detenciones arbitrarias. Su informe sobre México señala que las fiscalías no investigan eficazmente una parte importante de los delitos y violaciones a derechos humanos y recoge preocupaciones sobre malos tratos y detenciones arbitrarias.
### Una acusación que requiere investigación
En el caso particular de Castro Vázquez, las afirmaciones sobre tortura, fabricación de delitos y actuación irregular de servidores públicos **son señalamientos del denunciante y requieren ser corroborados por las autoridades competentes y, en su caso, por resoluciones judiciales o investigaciones de organismos de derechos humanos**.
La propia FGJEM mantiene actualmente materiales institucionales relacionados con la prevención de la tortura y los derechos de víctimas e imputados dentro del sistema penal acusatorio.
Castro Vázquez asegura que también acudió ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para documentar las presuntas violaciones al debido proceso y responsabiliza a diversas autoridades de la falta de avances.
El denunciante reclama que las investigaciones sean agotadas, que se determinen responsabilidades y que, de acreditarse las irregularidades que denuncia, se establezcan sanciones y medidas de reparación integral.
Afirma que el prolongado conflicto judicial tuvo consecuencias personales y económicas, entre ellas la pérdida de su empleo, dificultades para reincorporarse al mercado laboral y afectaciones a su familia.
El caso plantea una pregunta de fondo: **¿qué mecanismos existen para investigar y sancionar a servidores públicos cuando una persona acusa a la propia institución encargada de procurar justicia de haber cometido abusos y posteriormente de no investigar adecuadamente las denuncias?
#AgenciaMANL #EstadoDeMéxico #FGJEM #DerechosHumanos #Justicia #Edomex #Edoméx
No hay comentarios:
Publicar un comentario