Por el equipo editorial | Agencia MANL
Estado de México.- La detención de personas por robo en tiendas, conocidas popularmente como “farderas”, se ha convertido en un hecho recurrente en centros comerciales del Estado de México; sin embargo, en la mayoría de los casos, los asegurados recuperan su libertad horas después al no existir un proceso penal en su contra.
Según expertos en derecho penal y fuentes ministeriales, la razón principal es que estos casos suelen clasificarse como robos simples, sin violencia y de escaso valor, lo que limita la posibilidad de judicializar el expediente de investigación. Además, muchos establecimientos no ratifican la denuncia o no aportan pruebas suficientes para sustentar la acusación ante un juez.
Aunque la detención se produce en flagrancia, el Ministerio Público enfrenta dificultades para probar el delito debido a deficiencias en los informes policiales, falta de videos claros o inconsistencias en la cadena de custodia de los bienes. Estas fallas provocan que, durante la audiencia inicial, los jueces determinen que no está vinculado al proceso o declaren la detención ilegal.
El sistema penal acusatorio prioriza la persecución de delitos de alto impacto, por lo que el robo sin violencia suele resolverse mediante criterios de oportunidad, reparación del daño o libertad inmediata, lo que genera insatisfacción en los comerciantes y percepción de impunidad en la ciudadanía.
Las autoridades judiciales han reconocido que la falta de capacitación, la sobrecarga de trabajo en las fiscalías y la mala coordinación entre policías, empresas y ministerios públicos influyen para que estos casos no prosperen legalmente.
Mientras tanto, el fenómeno sigue repitiéndose en municipios con alta actividad comercial, donde las capturas se anuncian públicamente, pero los procesos penales rara vez llegan a veredicto, evidenciando los vacíos del sistema de justicia en delitos patrimoniales menores, por lo que van en aumento y los casos se repiten constantemente.
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