*Una adjudicación multimillonaria bajo la administración de Ricardo Sodi Cuellar
Por Redacción / Agencia MANL
Toluca, México.- Durante la gestión de Ricardo Sodi Cuellar al frente del Poder Judicial del Estado de México, se firmó un contrato por más de 110 millones de pesos con la empresa Tecnología en Telecomunicaciones, SA de CV para la habilitación de 59 salas de juicio oral en distintas regiones de la entidad. Este contrato, identificado como LP-PJ-05/2023, contemplaba la adquisición de hardware y la contratación de servicios para su instalación, incluyendo equipos de audio, vídeo, almacenamiento y seguridad.
El contrato se firmó el 27 de abril de 2023 entre el Poder Judicial de la República, representado por Roberto Cervantes Martínez, Director General de Administración, y el representante legal de la empresa contratista, Jorge Antonio Soto Ramírez.
Cabe señalar que Roberto, quien se desempeña como representante del Poder Judicial de la Federación, es hermano del actual Procurador General de Justicia del Estado de México (FGJEM), José Luis Cervantes Martínez.
La multimillonaria inversión tuvo como objetivo modernizar el sistema judicial a través de la implementación de tecnología en las salas de audiencias en materia penal, de familia, mercantil y laboral. Sin embargo, la licitación pública ha generado diversas preocupaciones sobre la justificación del gasto, la transparencia del proceso y la necesidad real de los equipos adquiridos.
ALTOS COSTOS Y EQUIPOS ESPECIALIZADOS
El contrato detalla la compra de diversos dispositivos tecnológicos, con precios que llaman la atención por su elevado costo. Entre los más destacados se encuentran:
Micrófonos IP ambientales tipo techo: $4,400,815.71 pesos.
Micrófonos IP ambientales tipo arreglo lineal: $1,020,529.60 pesos.
Cámaras IP domo: $2,604,663.40 pesos.
Servidor de grabación centralizado: $2,157,294.00 pesos.
Software para salas de juicio oral: $53,985,826.50 pesos.
Intercomunicador para conversación privada (abogado-demandado): $957,949.86 pesos.
El software, cuyo costo supera los 53 millones de pesos, representa casi la mitad del total del contrato, lo que ha generado sospechas sobre su valor real en comparación con otras opciones en el mercado.
TECNOLOGÍA EN TECNOLOGÍA Y COMUNICACIONES SA DE CV
La empresa Tecnología en Telecomunicaciones, SA de CV no es ajena a los contratos gubernamentales. Según registros del Poder Judicial, está registrado como proveedor con RFC TTE910804KN3, y ha participado en otras licitaciones con instituciones estatales.
Sin embargo, los detalles sobre su capacidad operativa y experiencia en proyectos de esta magnitud no han sido ampliamente divulgados, lo que genera dudas sobre los criterios que llevaron a su selección.
FALTA DE TRANSPARENCIA EN LA LICITACIÓN
Aunque el contrato especifica que se realizó una Licitación Pública Nacional de manera presencial, el acceso a los detalles del proceso ha sido limitado. La falta de información sobre otros postores y las razones que llevaron a la adjudicación a esta empresa han generado preocupaciones sobre posibles irregularidades.
Además, los especialistas en compras gubernamentales han notado que algunos precios parecen estar inflados, especialmente en artículos como almacenamiento de datos y equipos de audio.
DUDAS SOBRE EL USO DEL EQUIPO ADQUIRIDO
Una de las preguntas claves en torno a este contrato es si la inversión de más de 110 millones de pesos realmente se tradujo en un mejor acceso a la justicia y salas de juicio oral más eficientes.
Fuentes internas del Poder Judicial han señalado que muchos de los dispositivos adquiridos aún no están operativos, lo que genera sospechas sobre un posible sobreprecio o subutilización de recursos.
Adicionalmente, en juzgados de municipios como Ecatepec y Toluca, abogados y usuarios han denunciado que la infraestructura tecnológica continúa presentando fallas, lo que pone en duda si los equipos adquiridos realmente fueron instalados y utilizados como lo especifica el contrato.
INVERSIÓN BAJO LA LUPA
El contrato LP-PJ-05/2023 representa un gasto multimillonario con promesas de modernización que, hasta ahora, han sido difíciles de verificar. Hasta que no se esclarezca la correcta implementación de los equipos y la funcionalidad del software adquirido, la adjudicación de estos más de 110 millones de pesos seguirá generando dudas y desconfianza en el manejo de los recursos del Poder Judicial del Estado de México.
Finalmente, la transparencia y la rendición de cuentas serán importantes para determinar si esta licitación realmente cumplió con su propósito o si se trata de otro caso de posible desperdicio de recursos públicos durante la parte final del mandato de Ricardo Sodi Cuéllar al frente del Poder Judicial del Estado de México, quien actualmente aspira a ocupar un lugar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
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