Toluca, Méx.- Seis años después de los hechos violentos de San Salvador Atenco y Texcoco, dos elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) fueron detenidos por el delito de tortura en contra de pobladores.
Son las primeras órdenes de aprehensión que se aplican en contra de policías que participaron en los operativos del 3 y 4 de mayo de 2006 en los dos municipios mexiquenses que dejaron como saldo dos personas muertas, decenas de heridos y más de 200 detenidos.
La SSC informó que en las últimas horas se cumplimentó la orden de aprehensión número 2423 emitida por el Juzgado Cuarto Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca.
"En cumplimiento a la ejecutoria dictada por magistrados de la Primera Sala Colegiada Penal en Toluca del Tribunal Superior de Justicia, se giró orden de búsqueda, localización y aprehensión en contra de los elementos Eduardo Vite Mendoza, Luis Cristóbal Sánchez Álvarez y Ricardo Consuelo Cruz, por su presunta responsabilidad en el delito de tortura", indicó la corporación mexiquense.
De acuerdo a la causa penal 418/2011, a los elementos que pertenecían a la entonces Agencia de Seguridad Estatal (ASE), les fue imputado el delito de tortura.
La SSC precisó que el ordenamiento judicial en contra de otro elemento de la corporación, Luis Cristóbal Sánchez Álvarez, no fue cumplido por que falleció el 14 de agosto del 2011 debido a un accidente de tránsito.
Como lo establece el procedimiento judicial, los agentes Vite Mendoza y Consuelo Cruz, fueron puestos a disposición inmediatamente ante el juzgado que ordenó su aprehensión e ingresaron al penal estatal de "Santiaguito" en Almoloya de Juárez, donde continuarán su proceso legal.
Luego de los hechos de violencia 21 elementos de la entonces ASE y Policía Municipal de Texcoco fueron sometidos a proceso, pero 16 de ellos fueron exonerados de inmediato.
A los otros cuatro, un policía estatal y tres de Texcoco, se les siguió el proceso, según la causa penal 79/06, pero también fueron exonerados.
Sólo el policía estatal, Doroteo Blas Marcelo, fue acusado de actos libidinosos y condenado a tres años y dos meses de prisión, pero pagó 8 mil 427 pesos en enero del 2008 y fue dejado en libertad.
Hasta ahora, ninguno de los efectivos policiacos había pisado la cárcel.
Los pobladores y simpatizantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco acusaron a los policías de golpear, torturar, violar y cometer abusos sexuales.
Esos dos días 47 mujeres fueron detenidas, de las cuales 26 fueron supuestamente abusadas sexualmente por los policías.
En México las autoridades prácticamente cerraron el caso. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó el 30 de junio del 2010 la liberación de los últimos 12 detenidos por los hechos violentos en Texcoco y San Salvador Atenco.
La Corte concluyó que se utilizaron pruebas ilegales o insuficientes para acusarlos de un delito que no cometieron.
Antes, en febrero del 2009, La SCJN consideró que el entonces gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, ni el ex procurador General de la República, Eduardo Medina Mora, fueron responsables de las violaciones graves a las garantías individuales que se registraron durante los operativos de 2006.
Por el contrario, la mayoría de integrantes de la Corte avalaron la actuación de dichos funcionarios porque estimaron que fue legítimo el uso de la fuerza pública para desalojar la carretera de Texcoco que mantenían bloqueada los manifestantes, para liberar a los servidores públicos que pobladores tenían retenidos y para restablecer el orden.
Al no encontrar la justicia en el país, 11 de las mujeres agredidas la buscaron en el extranjero. El 22 de noviembre del 2011, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió una denuncia contra México por la violencia sexual a la que fueron sometidas decenas de mujeres el 3 y 4 de mayo de 2006.
El 18 de febrero pasado entregaron pruebas a la CIDH para documentar las vejaciones que sufrieron.
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