* La Fiscalía mexiquense sostiene que la estructura habría involucrado a servidores públicos, exfuncionarios y particulares; empresarios habían denunciado previamente presuntos cobros millonarios.
Redacción | Cronista Noticias
Toluca, Estado de México, 10 de agosto de 2026.— La detención de dos funcionarios de la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible del Estado de México abrió una investigación por una presunta estructura de extorsión que habría utilizado facultades de regulación ambiental para exigir pagos ilegales a propietarios de verificentros.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México confirmó la captura de Raúl Piña Horta, director general de Control de Emisiones Atmosféricas, y Carlos Eduardo Solares Vega, director de Control de Emisiones a la Atmósfera, mediante órdenes de aprehensión emitidas por jueces del Poder Judicial mexiquense.
Piña Horta fue detenido en Acapulco, Guerrero, mientras que Solares Vega fue localizado en Ciudad de México, con apoyo de autoridades de ambas entidades y de la Guardia Nacional.
De acuerdo con la investigación ministerial, las denuncias presentadas por diversas víctimas permitieron establecer preliminarmente la posible participación de ambos funcionarios dentro de una estructura en la que también estarían involucrados otros servidores públicos, exservidores públicos y particulares.
PRESUNTOS COBROS PARA EVITAR CLAUSURAS
La Fiscalía señala que el grupo habría obligado a propietarios de verificentros a entregar cuotas ilegales a cambio de permitirles continuar operando.
En otros casos, presuntamente se habrían utilizado atribuciones administrativas para generar actos encaminados a afectar las concesiones de los propietarios e incluso la infraestructura adquirida por ellos.
Las víctimas, según la autoridad ministerial, también habrían recibido amenazas para evitar que denunciaran los hechos.
Uno de los elementos de mayor relevancia económica dentro de la investigación es la estimación de que el esquema habría generado varias decenas de millones de pesos mensuales, principalmente mediante pagos en efectivo para evitar el cierre de líneas de verificación y mediante otras cuotas relacionadas con la revalidación de autorizaciones.
DENUNCIAS YA HABÍAN SALIDO A LA LUZ
El caso no surgió públicamente este lunes.
Durante las semanas previas a las detenciones, empresarios del sector habían denunciado presuntas presiones, amenazas y cobros relacionados con inspecciones y autorizaciones ambientales.
Algunos de esos señalamientos identificaban a Raúl Piña Horta y hablaban de supuestas exigencias de entre 500 mil y 800 mil pesos en efectivo.
También se habían difundido denuncias de empresarios que señalaban presuntos pagos mensuales de 100 mil a 250 mil pesos para mantener la operación de determinados verificentros, además de una supuesta exigencia extraordinaria de 500 mil pesos por cada línea o carril de verificación para la revalidación de autorizaciones.
Estos montos corresponden a señalamientos de empresarios y denuncias difundidas públicamente, por lo que deberán ser acreditados dentro de la investigación ministerial.
La existencia de antecedentes documentales sobre la participación de ambos funcionarios en procedimientos relacionados con la regulación ambiental del Estado de México también puede ser corroborada en publicaciones oficiales. En una convocatoria publicada en el Periódico Oficial, la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible identificó a Raúl Piña Horta y Carlos Eduardo Solares Vega como servidores públicos responsables, conjunta o separadamente, de determinados procedimientos de la Dirección General de Control de Emisiones Atmosféricas.
UN EXPEDIENTE QUE PUEDE CRECER
Las detenciones adquieren mayor relevancia porque la Fiscalía no plantea el caso como hechos aislados.
La autoridad sostiene que existe una estructura en la que podrían haber participado funcionarios en activo, exservidores públicos y particulares.
Por ello, una de las principales interrogantes será determinar quiénes más aparecen dentro de la investigación, qué funciones habría desempeñado cada persona y durante cuánto tiempo habría operado el presunto esquema.
También deberá establecerse el número de verificentros afectados, el monto total de los recursos que presuntamente fueron obtenidos y si existieron mecanismos administrativos utilizados para presionar, clausurar o condicionar la operación de establecimientos.
Los antecedentes periodísticos muestran que las acusaciones contra funcionarios vinculados con la regulación de emisiones ya habían sido difundidas antes de las detenciones. En junio y julio de 2026 se publicaron señalamientos de empresarios sobre presuntas extorsiones y cuotas a verificentros, incluido el nombre de Piña Horta.
EL CASO LLEGA A LOS TRIBUNALES
La investigación también coloca bajo escrutinio a la estructura encargada de la regulación ambiental en el Estado de México y el posible uso indebido de facultades de inspección, control y autorización.
Sin embargo, una detención no equivale a una sentencia condenatoria.
Será responsabilidad del Ministerio Público presentar ante los tribunales los elementos que sustenten las imputaciones, mientras que corresponderá a los jueces determinar la situación jurídica de los detenidos y, en su caso, su responsabilidad penal.
Por ahora, el dato confirmado es que dos funcionarios vinculados con el área de control de emisiones del Gobierno del Estado de México fueron detenidos y que la Fiscalía investiga una presunta estructura de extorsión relacionada con propietarios de verificentros.
La siguiente etapa será determinar si detrás de las dos detenciones existe una red más amplia, cuánto dinero habría generado y quiénes más podrían estar involucrados.
La investigación apenas comienza.
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