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lunes, 20 de julio de 2026

Tala clandestina: denuncian presunta red de protección en bosques del norte del Estado de México

Redacción | Cronista Noticias 


Estado de México.- Una denuncia pública volvió a colocar bajo los reflectores la problemática de la tala clandestina en el norte de la entidad. La activista Verónica Islas afirmó que diariamente circulan más de 20 camiones cargados con troncos presuntamente obtenidos de manera ilegal en la región de Villa del Carbón, Jilotzingo y Chapa de Mota.

A través de un mensaje dirigido a la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, la activista aseguró que comuneros y ejidatarios le han manifestado que quienes se dedican a la extracción ilegal de madera presuntamente cuentan con protección de autoridades, además de utilizar documentación apócrifa para movilizar los cargamentos.

Las declaraciones, que hasta el momento no han sido corroboradas por las autoridades competentes, reavivan la preocupación por un delito ambiental que durante años ha afectado los bosques mexiquenses y que, según habitantes de la zona, continúa operando pese a los operativos implementados por los distintos órdenes de gobierno.

De acuerdo con cifras oficiales, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) ha realizado 216 operativos contra la tala ilegal en el Estado de México desde 2022. Tan solo entre el 26 y el 30 de junio de 2026, un operativo nacional permitió el aseguramiento de 4 mil 268.53 metros cúbicos de madera, la clausura de 28 centros de almacenamiento y el aseguramiento de maquinaria y vehículos utilizados para actividades forestales irregulares.

En Villa del Carbón, uno de los municipios señalados por la activista, la Profepa suspendió en 2025 un aprovechamiento forestal ilegal tras detectar el derribo sin autorización de 84 encinos, equivalente a casi 200 metros cúbicos de madera.

Especialistas advierten que la tala clandestina no solo representa pérdidas económicas para las comunidades forestales, sino que también acelera la deforestación, disminuye la captación de agua, incrementa la erosión del suelo y afecta la biodiversidad de una de las principales zonas boscosas del Estado de México.

Hasta el cierre de esta edición, el Gobierno del Estado de México no había emitido una postura respecto a los señalamientos realizados por Verónica Islas, mientras habitantes de la región exigen investigaciones que permitan esclarecer las denuncias y fortalecer el combate contra este delito ambiental.

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