Por Redacción | Agencia MANL
El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) enfrenta cuestionamientos luego de otorgar un contrato plurianual de limpieza a la empresa PROAM Administración S. de R.L. de C.V., compañía que ha sido señalada por presuntas malas prácticas laborales y denuncias de trabajadores por falta de pagos, prestaciones e insumos para desempeñar sus funciones.
De acuerdo con testimonios de empleados, la decisión se habría tomado por instrucciones de Iyadalid Martínez Domínguez, subdirectora de Administración y proveedora de servicios del instituto, lo que ha generado inconformidad entre trabajadores que temen perder su empleo.
El contrato originalmente había sido asignado a Armot Seguridad Privada y Servicios Institucionales S.A. de C.V.; sin embargo, antes de que iniciara el servicio se notificó el cambio de proveedor, lo que dejó en incertidumbre tanto a la empresa como al personal que ya esperaba integrarse a las labores.
“Primero vino la gente de Armot y nos dijo que si queríamos seguir trabajando con ellos éramos bienvenidos, pero después llegó la gente de PROAM y nos comentó que iban a revisar quién se quedaba porque ya tenían a su propio personal”, relató Antonia, trabajadora de limpieza que teme perder su fuente de ingresos.
Las críticas se suman a antecedentes recientes. El pasado 22 de diciembre de 2025, durante una conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que se investigaría la licitación CO-PVB-095-2025, relacionada con la construcción de vivienda en Hidalgo y autorizada por la misma funcionaria.
Además, el 12 de febrero de 2026, trabajadores de PROAM presentaron un escrito dirigido al titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Marath Bolaños; a la titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro; y al director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo, para denunciar presuntas irregularidades laborales dentro de la empresa.
Tras estas denuncias, la Secretaría del Trabajo del Estado de México inició inspecciones en centros de trabajo del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM), con el objetivo de revisar las condiciones laborales y verificar el cumplimiento de la ley.
El caso ha encendido alertas entre trabajadores y especialistas, quienes advierten que la asignación de contratos públicos a empresas con antecedentes de denuncias laborales podría afectar tanto la transparencia en las licitaciones como la estabilidad de cientos de empleados.
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