Por Redacción | Agencia MANL
Huehuetoca, Méx.— Más de mil ejidatarios del Ejido Huehuetoca denunciaron presuntas irregularidades en el proceso pericial que se realiza dentro del litigio agrario que mantienen con la familia Pérez Lizaur, a la que acusan de intentar despojarlos de 65.7 hectáreas que, aseguran, les pertenecen desde hace más de un siglo.
Durante una reunión realizada en los terrenos en disputa, los campesinos señalaron que el perito designado por la Procuraduría Agraria presuntamente ha elaborado su dictamen sin realizar trabajos de campo, basándose únicamente en documentos revisados “sobre el escritorio”, lo que —afirmaron— pone en duda la precisión técnica del procedimiento.
Los ejidatarios indicaron que la controversia forma parte de un proceso legal que se sigue en el Tribunal Unitario Agrario Distrito 10 de Tlalnepantla, donde la magistrada Ana Lili Olvera emitió una segunda orden de ejecución para intervenir los terrenos. Sin embargo, la diligencia programada el 26 de febrero no se llevó a cabo debido a que el actuario de la parte demandante no se presentó al acto, por lo que consideran que la medida podría reprogramarse en las próximas semanas.
En el lugar estuvieron presentes integrantes de la Comisión Ejidal, entre ellos Juan Garfias, Andrés Colín, José Luis Orozco, Benjamín Feregrino, Juan Hernández y Juan Velázquez, acompañados por decenas de ejidatarios que reiteraron que cuentan con la documentación que acredita la propiedad colectiva de las tierras.
Recordaron que durante una audiencia celebrada el 3 de julio de 2025 en el Tribunal Agrario de Tlalnepantla, la magistrada determinó suspender temporalmente una ejecución para analizar con mayor detalle las colindancias del ejido.
Posteriormente, los ejidatarios entregaron al Archivo Nacional Agrario diversos documentos como la carpeta básica, planos definitivos, carteras de campo, actas de deslinde, firmas de colindantes y publicaciones en el Diario Oficial relacionadas con la dotación y ampliación del ejido.
De acuerdo con los campesinos, el Tribunal solicitó inicialmente peritos externos de la UNAM y del Instituto Politécnico Nacional, pero ante la imposibilidad de estas instituciones para atender el caso por carga de trabajo, se designó a un perito de la Procuraduría Agraria.
No obstante, los ejidatarios aseguran que hasta ahora no se han realizado inspecciones físicas en los terrenos, lo que —según dijeron— genera preocupación entre las familias que dependen de esas tierras.
También reiteraron que, en distintas etapas del proceso, han señalado que parte de la documentación presentada por la familia demandante sería ilegible o con coordenadas que no coinciden con el perímetro del ejido, situación que, aseguran, deberá aclararse durante el proceso legal.
Los ejidatarios afirmaron que mantendrán la defensa de sus tierras con base en la documentación histórica que resguardan y que —dijeron— demuestra la propiedad ejidal transmitida por generaciones.
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