Por el equipo editorial | Agencia MANL
Estado de México.- El año 2025 se registrará como uno de los períodos más complejos para los dos municipios estratégicos del Valle de México: Naucalpan de Juárez y Cuautitlán Izcalli. Lejos de consolidar gobiernos de transición o estabilidad, ambos alcaldes se han convertido en sinónimo de deterioro institucional, desgaste social y pérdida de gobernabilidad, producto de decisiones erráticas, graves omisiones y una administración superada por la realidad local.
En Naucalpan, la gestión de Isaac Montoya Márquez ha sido duramente cuestionada por su incapacidad para contener la inseguridad, ordenar las finanzas y recuperar la confianza ciudadana. La percepción de inseguridad se mantiene entre las más altas del país, con colonias enteras donde el narcotráfico, el robo y la extorsión son parte de la vida cotidiana. A pesar de los discursos oficiales, los resultados no han sido visibles para la población, que percibe un municipio sin control territorial ni una estrategia clara.
A este panorama se suma un profundo deterioro financiero. Informes periodísticos y auditorías preliminares de organismos supervisores han revelado presuntas irregularidades multimillonarias, obras inconclusas, pagos sin verificación y un desorden administrativo que compromete el funcionamiento básico del ayuntamiento. La narrativa de los "problemas heredados" ya no es suficiente ante la falta de soluciones estructurales y el aumento del malestar social.
La depuración de las fuerzas policiales, si bien necesaria, se ha llevado a cabo sin un plan integral que garantice una fuerza de seguridad eficaz, lo que ha generado deficiencias operativas y una mayor sensación de abandono en diversas zonas del municipio. El resultado ha sido una administración reactiva, más centrada en contener las crisis mediáticas que en resolver los problemas fundamentales.
En Cuautitlán Izcalli, el gobierno de Daniel Serrano Palacios tampoco ha logrado estabilizar el municipio. Desde el inicio de su administración, se vio envuelto en controversias legales y políticas que minaron su legitimidad. Las disputas sobre la legalidad de su protesta, aunque no concluidas, marcaron el inicio de un gobierno débil y confrontativo.
Durante 2025, Izcalli enfrentó constantes protestas vecinales debido a deficiencias en los servicios públicos, problemas de movilidad, decisiones unilaterales y falta de diálogo con la ciudadanía. Operaciones mal planificadas, daños viales y una política urbana sin consenso agravaron la percepción de improvisación y desconexión entre el gobierno y la sociedad.
Las perspectivas financieras tampoco eran alentadoras. La solicitud de indultos multimillonarios y ajustes presupuestarios sin una explicación clara reforzó la idea de una administración sin una dirección económica definida, incapaz de garantizar la estabilidad y la planificación a medio plazo.
Tanto en Naucalpan como en Cuautitlán Izcalli, el denominador común ha sido la ausencia de resultados tangibles, la erosión de la confianza pública y una narrativa oficial que no se ajusta a la experiencia cotidiana de los habitantes. En un contexto estatal complejo, ambos municipios se han convertido en ejemplos de cómo la falta de capacidad administrativa, liderazgo político y visión estratégica puede llevar a los gobiernos locales al colapso operativo.
Más allá de las afiliaciones partidistas, el año 2025 demostró que gobernar municipios de alta densidad y complejidad requiere algo más que discurso: requiere planificación, solvencia técnica y sensibilidad social. En Naucalpan y Cuautitlán Izcalli, estas condiciones no se materializaron.
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