Por Redacción | Agencia MANL
Quintana Roo.– A pesar de la reciente aprobación de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión —que establece la persecución de oficio de este delito—, empresarios del sector de la seguridad privada en Quintana Roo denunciaron ser víctimas de un presunto esquema de extorsión desde el interior de la administración pública estatal.
De acuerdo con testimonios recabados por representantes del sector, al menos 30 empresas han señalado prácticas irregulares presuntamente encabezadas por Jaime Ongay Ortiz, Director de Registro y Supervisión de Empresas y Servicios Privados de Seguridad, junto con su asistente, Isis Yetlanexy Amilpa Córdoba. Los denunciantes afirman que se les exigen pagos elevados, presentados como supuestos trámites administrativos, inspecciones o “gestiones urgentes” para la autorización y renovación de permisos.
Según los empresarios, aquellas compañías que se niegan a realizar dichos pagos enfrentan clausuras inmediatas, retrasos prolongados y un constante hostigamiento administrativo. En contraste, las empresas que acceden a las exigencias económicas obtendrían resoluciones favorables en cuestión de días, pese a que la normativa vigente establece plazos de entre uno y 90 días hábiles para la atención de estos trámites.
“Nos advirtieron que, si no había pago, el trámite simplemente no avanzaría”, relató un empresario que solicitó el anonimato por temor a represalias. Otros afectados aseguran que, en algunos casos, los procesos administrativos se han extendido hasta por seis meses o más, sin observaciones técnicas claras ni justificación legal.
Abogados y representantes del gremio sostienen que existen elementos que evidencian un trato diferenciado y el presunto uso de facultades públicas para presionar, intimidar o incluso desplazar a empresas que no acceden a los pagos extraoficiales. Las quejas ya habrían sido presentadas ante la Secretaría de Seguridad Pública; no obstante, el titular de la dependencia, Julio César Gómez Torres, ha mantenido en su cargo a Ongay Ortiz, situación que los denunciantes interpretan como una posible falta de voluntad para investigar los señalamientos.
El caso cobra especial relevancia al tratarse de presuntas conductas cometidas por servidores públicos, lo que representa una agravante en la nueva Ley Antiextorsión, la cual contempla sanciones más severas y mecanismos de protección para las víctimas. Hasta el momento, el gobierno de Quintana Roo no ha fijado una postura oficial ni informado sobre la apertura de una investigación administrativa o penal.
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Quintana Roo.– A pesar de la reciente aprobación de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión —que establece la persecución de oficio de este delito—, empresarios del sector de la seguridad privada en Quintana Roo denunciaron ser víctimas de un presunto esquema de extorsión desde el interior de la administración pública estatal.
De acuerdo con testimonios recabados por representantes del sector, al menos 30 empresas han señalado prácticas irregulares presuntamente encabezadas por Jaime Ongay Ortiz, Director de Registro y Supervisión de Empresas y Servicios Privados de Seguridad, junto con su asistente, Isis Yetlanexy Amilpa Córdoba. Los denunciantes afirman que se les exigen pagos elevados, presentados como supuestos trámites administrativos, inspecciones o “gestiones urgentes” para la autorización y renovación de permisos.
Según los empresarios, aquellas compañías que se niegan a realizar dichos pagos enfrentan clausuras inmediatas, retrasos prolongados y un constante hostigamiento administrativo. En contraste, las empresas que acceden a las exigencias económicas obtendrían resoluciones favorables en cuestión de días, pese a que la normativa vigente establece plazos de entre uno y 90 días hábiles para la atención de estos trámites.
“Nos advirtieron que, si no había pago, el trámite simplemente no avanzaría”, relató un empresario que solicitó el anonimato por temor a represalias. Otros afectados aseguran que, en algunos casos, los procesos administrativos se han extendido hasta por seis meses o más, sin observaciones técnicas claras ni justificación legal.
Abogados y representantes del gremio sostienen que existen elementos que evidencian un trato diferenciado y el presunto uso de facultades públicas para presionar, intimidar o incluso desplazar a empresas que no acceden a los pagos extraoficiales. Las quejas ya habrían sido presentadas ante la Secretaría de Seguridad Pública; no obstante, el titular de la dependencia, Julio César Gómez Torres, ha mantenido en su cargo a Ongay Ortiz, situación que los denunciantes interpretan como una posible falta de voluntad para investigar los señalamientos.
El caso cobra especial relevancia al tratarse de presuntas conductas cometidas por servidores públicos, lo que representa una agravante en la nueva Ley Antiextorsión, la cual contempla sanciones más severas y mecanismos de protección para las víctimas. Hasta el momento, el gobierno de Quintana Roo no ha fijado una postura oficial ni informado sobre la apertura de una investigación administrativa o penal.
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