Agencia MANL
Ciudad de México.- El diputado federal Juan Hugo de la Rosa García calificó como un "grave abuso" la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de iniciar un proceso de revisión a la reciente reforma constitucional aprobada por el Congreso. Según el legislador morenista, esto altera la división de poderes, la soberanía popular y el pacto constitucional.
De la Rosa advirtió que este tipo de acciones no solo socavan la confianza en el sistema judicial, sino que también envían un mensaje peligroso sobre la incapacidad de las instituciones para respetar el mandato del pueblo. "La Corte, al actuar de esta manera, está deslegitimando su propia función y abriendo la puerta a una crisis de gobernabilidad", argumentó.
De la Rosa destacó que la reforma fue impulsada para combatir la corrupción y privilegios en el Poder Judicial, y acusó a la Corte de estar manipulada por partidos del "viejo régimen", calificando su actuación como antidemocrática. "Es inaceptable que una minoría dentro de la Corte intente anular la voz de la mayoría que eligió a sus representantes de manera pacífica y democrática", afirmó.
Además, el diputado enfatizó que el papel del Poder Judicial no debe ser el de convertirse en un agente político que obstaculiza la voluntad popular, sino el de ser un garante del Estado de derecho. Aseguró que, si la Corte persiste en su intención de revisar reformas legítimamente aprobadas, el pueblo se movilizará para defender sus derechos y evitar cualquier intento de regresión en los avances democráticos.
Además, puntualizó que la Constitución no contempla que la Corte tenga el poder de revisar las reformas aprobadas por el Poder Reformador de la Constitución, que representa al pueblo de México. Criticó a jueces y magistrados, a quienes considera responsables de intentar alterar el orden constitucional.
"Es un acto inconstitucional que pone en riesgo la estabilidad democrática del país", añadió. Para De la Rosa, es esencial que todos los poderes respeten la autonomía y la decisión popular, ya que la legitimidad de la democracia se fundamenta en el respeto a las normas y a la voz del electorado.
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