Familiares exigen justicia y denuncian corrupción judicial en caso del homicidio Alfonso

CRONISTA

Estado de México.- Un clamor de justicia resonó frente al Penal de Chiconautla, en Ecatepec de Morelos, donde familiares, vecinos, amigos y conocidos de Alfonso Hernández Valera se congregaron para denunciar lo que consideran un fallo judicial injusto.

El trágico suceso se remonta al 8 de octubre de 2015, cuando Alfonso, encargado de una tortillería, fue brutalmente atacado por José Rubén González Márquez y su yerno, Miguel Ángel López Castillo, quienes le arrebataron la vida a tiros mientras trabajaba.

Alfonso era encargado de una tortillería cuando llegaron José Rubén González Márquez y su yerno Miguel Ángel López Castillo y su hija Alicia González Cervantes y con palabras altisonantes José Rubén González Márquez se dirigió a Alfonso Hernández Valera gritándole “te voy a matar hijo de tu #$%&” y le disparó en tres ocasiones dejándolo muy mal herido y al poco rato murió.

Asimismo, su yerno Miguel Ángel López sacó un arma de fuego y amenazó a los hermanos Hernández Valera para evitar que intervinieran en defensa de su hermano. Posteriormente, los tres agresores huyeron en una camioneta Ford Lobo blanca con franjas doradas. El 5 de mayo de 2017, detuvieron a los dos hombres en el estado de Puebla, mientras que Alicia, sigue prófuga.

A pesar de la captura de los agresores en Puebla el 5 de mayo de 2017, la condena de 62 años con 6 meses de prisión por homicidio calificado no se cumplió en su totalidad. El Juez de Ejecución adscrito al Distrito Judicial de Ecatepec, Iván Israel Chávez Picasso, modificó la sentencia de González Márquez para cumplirla bajo arresto domiciliario en 2023, desatando la indignación de los Hernández Valera y sus seguidores.

Este acto de injusticia no pasó desapercibido, y las voces de los afectados se alzaron exigiendo respuestas. Los hermanos Héctor Omar y Araceli Hernández Valera, junto con otros manifestantes, acusaron al sistema judicial de complicidad en este caso, señalando la omisión y el mal proceder de las autoridades.

La presunta complicidad entre el director del Centro Penitenciario, el Maestro Bertín Arellano Gómez, y la Fiscal Karine Denisse García Téllez, quienes supuestamente ignoraron el recurso de apelación, añadió combustible a la protesta.

El llamado a la justicia resonó alto y claro, con la exigencia de que se respeten los derechos de las víctimas y se corrija esta injusticia. Los manifestantes urgieron al Consejo de la Judicatura del Estado de México y al Fiscal General de Justicia del Edomex a intervenir, mientras también demandaron la atención de la Visitaduría General de la Fiscalía.

El reclamo de justicia se extendió incluso a instancias internacionales, con un llamado a los Derechos Humanos para que intervengan y aseguren que este tipo de acciones no queden impunes.

A pesar de la desilusión y la falta de notificaciones sobre la situación actual del caso, los manifestantes permanecieron firmes en su lucha por la verdad y la justicia. Su determinación de llevar este caso a la luz pública y asegurarse de que los responsables sean llevados ante la justicia es un testimonio de la fuerza y ​​la resiliencia de aquellos que luchan contra la impunidad.