Texcoco, Méx.- El actual gobierno integra un expediente para solicitar a la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) ejercite acción penal contra el ex alcalde Amado Acosta García y otros dos ex ediles por “el quebranto en que dejó a la administración pública municipal, anunció la presidenta municipal de Texcoco, Delfina Gómez Álvarez”.
Ante unos 200 habitantes adelantó que ha sostenido pláticas con funcionarios del gobierno del Estado de México, con la intención de solicitar la intervención de la PGJEM para que deslinde responsabilidades a ex-alcaldes.
Agregó que esta institución deberá revisar y determinar la existencia de elementos para ejercer acción penal en contra de los tres ex presidentes municipales; Amado Acosta García, Gustavo Ávila Ordoñez y Arturo Martínez Alfaro, que encabezaron la anterior administración,
La profesora Delfina Gómez aseguró que la contraloría municipal recaba las pruebas que aportó la tesorería municipal sobre el desfalco que alcanza los 400 millones de pesos e irregularidades en el desempeño en la función pública de los tres ex munícipes.
Irritada apuntó que los ex servidores públicos cometieron latrocinios a la administración por más de 400 millones de pesos y “esto no puede quedar así”, en detrimento del bienestar y desarrollo de la sociedad texcocana.
Aún cuando la auditoría del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM) concluyó hace unos 20 días, aún se desconoce el resultado, comentó.
La presidenta municipal de Texcoco resaltó que existe un adeudo a contratistas por casi 22 millones de pesos, a proveedores por 20 millones de pesos, no cubrieron 5 millones del Impuesto Sobre Producto de la Renta (ISR) a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHyCP).
Asimismo dejaron una deuda de 115 millones de pesos a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), además en laudos laborales son casi 120 millones de pesos.
Además, pidieron un préstamo por 200 millones de pesos, la banca les cobra 28 millones de pesos, por manejo de cuenta, penalizaciones, comisiones, anualidades, entre otros conceptos irregulares e inexistentes, recalcó.
Explicó que gastaron 72 millones en obra pública construida al “vapor” y cuyos costos se presumen fueron “inflados”, para justificar los montos del préstamo. Y los otros 100 millones los reintegran a la banca.
Destacó que a pesar de estar “etiquetados esos recursos los ex funcionarios devuelven 100 millones de pesos a la banca”, cuando esta decisión debió ser aprobada por el Congreso Mexiquense.
La cámara de diputados nunca recibió la petición para regresar los 100 millones a la banca. Y por regresar ese recurso la banca penalizó al ayuntamiento 2009-2012 con más de 2 millones de pesos, por este tipo de anomalías la PGJEM debe ejercer acción penal, refirió.
Asimismo, dejaron un faltante de 10 millones de los cheques de caja que dejaron a la entrega de la administración y que no correspondió al dinero que estaba depositado en los bancos, acusó.
Por lo cual, informó que se cuenta con las pruebas documentales para solicitar a la PGJEM ejerza acción penal contra los ex mandatarios municipales.
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