Toluca, Méx.- Al comprobarse violaciones a los derechos de libertad, legalidad y seguridad jurídica, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México emitió una Recomendación dirigida al Ayuntamiento de Tlatlaya, debido a que policías municipales recluyeron por 29 horas, en galeras municipales, a dos ciudadanos tras cometer faltas administrativas, sin que el Oficial Conciliador y Calificador les brindara garantía de audiencia ni emitiera el acuerdo de calificación de la conducta cometida.
Cabe mencionar que de manera simultánea, la policía municipal también detuvo a otro individuo, por faltas al Bando Municipal, quien corrió la misma suerte.
Tras resaltar que la CODHEM no se opone a la aplicación de la ley ante conductas que alteren la convivencia social pacífica, detalló que las sanciones administrativas, deben imponerse en armonía con los derechos humanos por eso resulta fundamental el respeto a los principios de presunción de inocencia, legalidad, necesidad y proporcionalidad.
En este asunto los policías Azahel Benítez Beltrán, Aurelio Reyes Mondragón, Manuel Vargas Estrada, Teodoro Cruz Chávez, Onel Arzate Enciso, responsables de las detenciones y el Oficial Conciliador y Calificador Leopoldo Domínguez López, violentaron la citada normatividad al haber restringido la libertad de ambos detenidos.
Entre las irregularidades cometidas por los servidores públicos fue que el policía Azahel Benítez Beltrán, determinó el ingreso a las celdas de los detenidos, atribuyéndose una función que no le compete y negó su libertad de uno de los asegurados, aún cuando se presentó su esposa para conocer cuál era la multa y liquidarla, lo que el uniformado no concedió y no llamó para tal efecto al responsable de calificar la falta e imponer la sanción.
Más aún, la Comisión concluyó que la Policía de Tlatlaya, cotidianamente ingresa a los asegurados a galeras previo a su presentación ante la Oficialía Conciliadora y Calificadora, lo que se traduce en violaciones sistemáticas a derechos humanos, contrarias a las normas Constitucionales e Internacionales.
Por lo anterior, la CODHEM recomendó al Presidente municipal de Tlatlaya que sin afectar los derechos laborales de Leopoldo Domínguez López, éste sea asignado a otras tareas diversas a las de Oficial Mediador Calificador, pues no cuenta con la licenciatura en Derecho, obligatoria para el caso.
Finalmente, las autoridades municipales deben convocar a sesión de cabildo para expedir a la brevedad el Reglamento de la Oficialía Conciliadora y Calificadora, y se valore la adición de la función mediadora al Bando Municipal, amén de hacer lo necesario para contar con personal que evalúe el estado psicofísico de los detenidos e implementar cursos de capacitación y actualización en materia de derechos humanos.
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